Solicitar la Interdicción de una persona.

Escrito el 17 de Mayo de 2015 Por Francisco Acuña |  Tag: Interdicción por demencia. 1

Diversos son los trámites que deben enfrentar los familiares de una persona con discapacidad mental para poder resguardar los derechos y necesidades de éste. En la práctica, la necesidad de obtener la declaración de interdicción de un individuo es un tema cada vez más común, precisamente porque puede afectarlo en cualquier época de su vida, debido a que ha nacido con una discapacidad o ésta es sobreviniente.

A modo de ejemplo, un alto porcentaje de los juicios de interdicción que se tramitan en la tienen su origen en la necesidad de que un Tribunal declare la interdicción de un sujeto y determine quién será su tutor o representante legal, con el objeto de que éste pueda obtener para aquél los beneficios establecidos en las leyes respectivas (cobrar su pensión, etc). Frecuentemente se trata de padres que requieren la curaduría de sus hijos porque éstos ya han cumplido la mayoría de edad o de familiares (hijos, hermanos, sobrinos) que tienen a su cuidado un adulto mayor que presenta una enfermedad degenerativa o asociada a la vejez. Así, estas personas requieren la asesoría legal de un abogado con el objeto de cumplir con los trámites legales establecidos para el adecuado resguardo de los intereses del sujeto respectivo.

Es del caso indicar que las personas con discapacidad mental tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, por tanto pueden ejercer derechos y contraer obligaciones, siendo la regla general la capacidad. Sin embargo, existen diversas figuras jurídicas que limitan o reemplazan la voluntad de las personas con discapacidad mental. Esto implica la pérdida, por parte de la persona con discapacidad mental, de la posibilidad de administrar sus bienes, recayendo esta responsabilidad en un curador que los administra.

Abogados del Maule dispone de profesionales de alto nivel quienes asumen la representación legal en cuanto a la tramitación de causas sobre interdicción, solicitando al juez el nombramiento de un curador para que administre los bienes del interdicto. Todo en un procedimiento que busca obtener la declaración de incapacidad legal de la persona para efectuar actos o contratos y de representarse a sí misma extrajudicial y judicialmente por encontrarse este en un estado de demencia o disipación.

Interdicción en Chile.

Escrito el 17 de Mayo de 2015 Por Francisco Acuña |  Tag: Evolución de la interdicción. 2

En Chile un 12,93% de las personas presenta algún tipo de discapacidad en cualquiera de sus grados (2.068.072 personas). “En uno de cada tres hogares hay a lo menos un miembro con discapacidad”. Esta situación que puede parecer muchas veces ajena se hace cada día más cotidiana, en efecto, la cifra de personas aquejadas por una discapacidad ha aumentado consecutivamente; y dados los avances médicos y tecnológicos, su expectativa de vida también.

En virtud de ello, el legislador se vio impelido a fijar su mirada en la materia y generar algunas fórmulas tendientes a modificar la normativa vigente para responder a las necesidades actuales de los ciudadanos que se encuentran en esta situación. Específicamente, en materia de discapacidad mental se consideraron soluciones efectivas tanto para las personas con discapacidad mental como para sus familias.

A principios de mayo del año 2001, la legislación aplicable a personas con discapacidad mental estaba constituida por la Ley Nº 18.600 que establece normas sobre “deficientes mentales”; la Ley Nº 19.284 que establece normas para la plena integración de personas con discapacidad; el Decreto Supremo Nº 48, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley N° 18.600 y las normas relativas a los “dementes”, consagradas en el Código Civil en los artículos 456 al 468 y el artículo 1447. Toda esta normativa, en especial la contenida en la Ley N° 18.600, reconocía la calidad especial de las personas que poseen algún grado de discapacidad mental, designándolas, hasta ese entonces, como “deficientes mentales”.

En este contexto, para que estas personas fueran declaradas judicialmente interdictas y correlativamente se les asignara un curador, eran sometidas a una serie de engorrosos y contradictorios procedimientos administrativos y ritualidades judiciales.

Esta situación motivó la dictación de la Ley N° 19.735 que modifica la Ley N° 18.600, estableciendo nuevas normas sobre personas con discapacidad mental, la que en lo sustancial reemplazó el término “deficientes mentales” por el de “personas con discapacidad mental”, a la vez que estableció una curaduría provisoria que opera de pleno derecho en favor de las personas con discapacidad mental y, homologó y simplificó el diagnóstico y certificación de la discapacidad mental disponiendo la aplicación del procedimiento establecido en el título II de la Ley Nº 19.284 , modificada posteriormente, por la Ley N° 20.422.

Sin embargo, la modificación de las normas del ramo no alcanzó al procedimiento judicial establecido, hasta ese entonces, para decretar la interdicción de una persona con discapacidad mental, ni tampoco a la designación de curador del interdicto, por cuanto las interdicciones se siguieron tramitando como juicio ordinario de lato conocimiento. Producto de lo anterior, surgió la necesidad de legislar en la materia, dando lugar a la Ley N° 19.954 que modificó la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de las personas con discapacidad mental, motivo de análisis de este artículo.

Previo a la dictación de la Ley N° 19.954, en Chile, toda persona con discapacidad mental, debía someterse a las reglas contenidas en los artículos 456 y siguientes del Código Civil. De esta manera, los familiares de la persona con discapacidad mental debían iniciar una acción judicial contenciosa (procedimiento ordinario de lato conocimiento) a fin de provocar el pronunciamiento del juez en cuanto a la declaración de interdicción de éste y a la designación de un curador para la administración de sus bienes, todo en un juicio demasiado largo para obtener los fines esperados. Efectivamente, dicho procedimiento se concretaba a través de una “ficción jurídica”, en virtud de la cual el padre o madre de la persona con discapacidad mental demandaba a su hijo, debiendo notificarle la demanda, generando con ello el periodo de discusión contemplado para el juicio ordinario, forzando de esa manera a que la persona con discapacidad mental debiese enfrentar el proceso, en calidad de demandado, lo que conllevaba constituir patrocinio y poder en favor de un abogado o asignarle uno a objeto de que evacuara las etapas procesales pertinentes o, como sucedía en la mayoría de los casos, los propios padres, evacuaban en rebeldía de su hijo las actuaciones que a éste le correspondían. A mayor abundamiento, no sólo se exigían las ritualidades consagradas para el periodo de discusión, sino que además el juez incluso debía informarse de la vida anterior y conducta habitual del supuesto “demente”, pudiendo oír dictámenes de facultativos al efecto, lo que se traducía en un largo procedimiento judicial que se extendía por a lo menos dos años, en el que, además del tiempo invertido, la familia de la persona con discapacidad mental se veía obligada a incurrir en numerosos gastos y esfuerzos con tal de regularizar la situación de su pariente afectado.

Motivados por esta problemática, los senadores Silva, Ávila, Bombal, Parra y Viera Gallo, con fecha 12 de junio del año 2002, plantean una moción parlamentaria a fin de modificar la Ley N° 18.600, en lo relativo a la interdicción de las personas con discapacidad mental. Su propuesta inicial consistía en “que con el sólo mérito de la declaración y certificación de la discapacidad mental, de conformidad a las normas del Título II de la Ley Nº 19.284, se considerará a la persona con discapacidad mental interdicto de administrar sus bienes, pasando a ejercer la curatela sus padres, y a falta o por impedimento de estos se autoriza a recurrir al juez, en un procedimiento no contencioso, sólo para los efectos del nombramiento de curador y no para la declaración judicial de “demencia””. Dicha moción, al ser sometida al informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del del Senado, es modificada, incluyendo la intervención judicial, en el marco de un procedimiento voluntario. Así el informe de la Comisión consignó:

“Al efecto, sugirió contemplar la intervención de un juez, que pueda apreciar que efectivamente la persona se encuentra en condiciones de ser interdicta, pero sin que medie juicio ordinario, si existe ya la calificación administrativa de la discapacidad. Bastaría que se proceda mediante un acto no contencioso, en el que el juez cite a su presencia a la persona discapacitada y falle declarando la interdicción y nombrando curador al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado cuando la falta de ejercicio de la razón sea manifiesta. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, deferiría la curaduría a ambos. El juez procedería con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado” . Finalmente, al ser sometida a votación en sala, incluyéndose en ella, las modificaciones señaladas por la Comisión, fue aprobada por unanimidad por el Senado.

Una vez que el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, señaló en su informe que:

“Los Diputados miembros de la Comisión estuvieron contestes en que la norma propuesta, si bien no soluciona en forma omnicomprensiva el tema de la discapacidad mental, al menos permite dar solución a un problema puntual que aqueja a un gran número de personas. Se estimó adecuado que la disposición contemple la intervención judicial pero en un procedimiento de carácter voluntario, que no implique un desgaste emocional y económico innecesario para la familia, ni obligue a los tribunales a resolver una confrontación ficticia entre partes, esto es, entre el discapacitado y los propios padres o, en su caso, los familiares directos, quienes ya efectuaron los trámites conducentes a la declaración de la discapacidad mental y ahora requieren la interdicción”. Es así como la moción es aprobada, nuevamente por unanimidad, convirtiéndose finalmente en ley de la República con fecha 14 de julio de 2004.

Finalmente La Ley N° 19.954 queda finalmente compuesta por un artículo único, el que reza de la siguiente manera:

"Artículo único: Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 4º de la ley Nº 18.600, sobre deficientes mentales:

Cuando la discapacidad mental de una persona se haya inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, su padre o madre podrá solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad, otorgada de conformidad al Título II de la ley Nº 19.284, y previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado permanente. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, podrá deferir la curaduría a ambos. El juez procederá con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado. En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 bis. Se aplicará a la persona discapacitada interdicta lo que prevén los artículos 440 y 453 del Código Civil para la guarda del menor adulto y del disipador, respectivamente. La suma de dinero que se asigne al discapacitado para sus gastos personales podrá ser fijada prudencialmente por el mismo curador, de acuerdo con su grado de discapacidad. La persona interdicta podrá celebrar contratos de trabajo con la autorización del curador".

A través de su establecimiento, se modifica radicalmente el procedimiento vigente para la obtención de la declaración de interdicción de una persona con discapacidad mental y la designación de su curador de bienes. Dentro de las principales innovaciones de este nuevo procedimiento, destacan las siguientes:

1. La discapacidad mental de la persona que se pretende declarar interdicta, debe encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad: Con esto la declaración del estado de discapacidad mental de una persona, situación que es por naturaleza materia de las ciencias médicas, sale de la sede judicial, quedando radicada en sede administrativa.

Dado que es requisito indispensable para inscribir la discapacidad en el registro correspondiente, que ésta haya sido certificada por una de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), el objeto del juicio no es la acreditación de la discapacidad mental, toda vez que el único organismo facultado para certificar este hecho es la COMPIN. De ello se desprende que el primer requisito para solicitar la declaración de interdicción al alero del nuevo procedimiento, es que la discapacidad mental invocada haya sido certificada por algunas de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, por lo que previo a iniciar las acciones judiciales pertinentes, los familiares de la persona con discapacidad mental deberán haber realizado todas las gestiones tendientes a obtener tal certificación, pudiendo acreditarse en juicio a través de la resolución, de carácter administrativo, que emite cada Comisión. Además, dicha certificación debe encontrarse inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, esto implica que, una vez certificada la discapacidad, los familiares de la persona con discapacidad mental deben concurrir a inscribir la certificación en el registro generado al efecto, cuestión que podrá acreditarse, acompañando el certificado de discapacidad que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación, con posterioridad a la inscripción y acompañando un duplicado de la credencial de discapacidad que otorga el mismo Servicio.

2. Se faculta al padre o madre de la persona con discapacidad mental a solicitar en un procedimiento voluntario la declaración de interdicción y designación de curador: A través de ésta modificación, el procedimiento se transforma de ordinario a voluntario, evitando con ello dilaciones innecesarias, respondiendo la norma a una necesidad social, que transparenta el procedimiento judicial y además permite el ahorro de recursos estatales y particulares, dado que la declaración de interdicción deber ser solicitada por los padres de la persona con discapacidad mental al juez, en caso de ausencia de estos, por los parientes más cercanos. Esto trae aparejado la obligación de acreditar el parentesco.

3. El juez falla con el mérito de la certificación de discapacidad con su correlativa inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad y previa audiencia de la persona con discapacidad: El procedimiento, que ahora tiene el carácter de voluntario, se limita a motivar el pronunciamiento del juez en cuanto a la interdicción de una persona que ya se encuentra declarada como persona con discapacidad mental por el organismo competente. En virtud de lo anterior, los magistrados constatando el hecho de la inscripción y certificación de la discapacidad, conocerán personalmente de la situación de la persona con discapacidad mental y con el sólo mérito de la audiencia, emitirán su pronunciamiento. Se reduce de esta manera sustancialmente el proceso, pues ha existido una serie de evaluaciones administrativas previas en las que ya se han analizado las condiciones médicas de la persona con discapacidad mental, debiendo el juez corroborar por sus propios medios la situación que se le expone, adoptando las medidas necesarias a fin de que se decrete la interdicción y se designe al curador que administrará los bienes del interdicto. Desde esta perspectiva, el juez deberá proveer el medio más idóneo para entrevistarse con la persona con discapacidad mental.

4. En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma: Esta disposición, viene a subsanar un vacío legal, toda vez que existen múltiples casos en que las personas con discapacidad mental se encuentran al cuidado de parientes distintos de su padre o madre, ya sea porque éstos fallecieron, los abandonaron u otras causas personales. Lo importante, es que regula una situación de hecho, dándole una solución concreta, pues en caso de dicha ausencia, los parientes cercanos podrán recurrir a la justicia para regular la situación de la persona con discapacidad mental.

5. Permite aplicar a la persona con discapacidad mental interdicta, los beneficios contemplados en los artículos 440 y 453 del Código Civil: Los artículos a los que la ley hace referencia, dicen relación con la posibilidad de que el curador confíe al interdicto la administración de alguna parte de sus bienes, conservando además la posibilidad de disponer de una suma de dinero para solventar sus gastos personales, disponiendo libremente de ellos y conjuntamente se establece la facultad para la persona interdicta de celebrar contratos de trabajo.

6. Mayoría de edad de la persona con discapacidad mental: Un requisito para solicitar la declaración de interdicción que no se encuentra expresado en la norma, pero que se subentiende, es que la persona con discapacidad mental debe ser mayor de edad, lo cual puede acreditarse con el certificado de nacimiento correspondiente. Esto, porque en el caso de los menores de edad la situación relativa a su cuidado personal se encuentra regulada en normas especiales.

Sin embargo, cuando se trata de una persona con discapacidad mental que ha alcanzado la mayoría de edad, nos encontramos ante la norma general que establece la plena validez de sus actos, siendo necesario la intervención judicial, a través del procedimiento de interdicción, para que los actos de dicha persona sean posteriormente declarados nulos por un tribunal.

Esta situación adquiere especial relevancia, cuando consideramos que a lo menos el 60% de los casos judiciales de interdicción, dicen relación con personas con discapacidad mental mayores de edad que, de otro lado, no son necesariamente adultos mayores. Consecuentemente, se trata de una situación cotidiana y actual, que trasciende el fenómeno demográfico de envejecimiento poblacional.

¿Cómo se tramita la interdicción?

Escrito el 11 de Mayo de 2015 Por Francisco Acuña |  Tag: Interdicción por demencia. 2

- El artículo 4 de la Ley N° 18.600 establece que cuando la discapacidad mental de una persona haya
sido inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, su padre o madre puede solicitar al juez que, previa audiencia de la persona con la discapacidad, decrete la interdicción definitiva y le nombre un curador de sus bienes. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, el juez puede 
deferir la curaduría a ambos. En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de la interdicción provisoria a que alude la misma ley.

- Si la discapacidad no está inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, hay que seguir el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, que consiste en un juicio ordinario de interdicción, donde se utiliza la ficción legal que hemos aludido al inicio de esta página en virtud de la cual se "demanda" a la persona que se desea declarar interdicta, solicitando al juez que así lo declare..

¿Quiénes pueden ser los curadores del interdicto?

Escrito el 11 de Mayo de 2015 Por Francisco Acuña |  Tag: Nombramiento de curador. 3

El curador del interdicto administra sus bienes. En este sentido, una vez privada la persona de la administración de sus bienes, se debe solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a.

El/la juez/a elegirá a la o las personas que más idóneas le parezcan, de aquellas que la ley permite, que son:      

1.- Su cónyuge no separado judicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503 del Código Civil, que establece que el marido y la mujer no pueden ser curadores del otro cónyuge si están totalmente separados de bienes.

2.- Sus descendientes.

3.- Sus ascendientes, salvo en el caso del padre o madre cuya paternidad o maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición o que esté casado/a con un/a tercero.

4.- Sus hermanos/as.

5.- Otros colaterales hasta en el 4° grado.

6.- A falta de esas personas, tendrá lugar la curaduría dativa (determinada por un/a juez/a)

7.- Además, podrán ser curadores provisorios, las personas mencionadas en el artículo 18 bis de la Ley N° 18.600.

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